SEGURIDAD CIUDADANA

El crecimiento de las violencias y la conflictividad social son fenómenos complejos que afectan la vida de las personas en todos sus niveles. Las tasas de delito han ido incrementándose en los últimos años, acompañadas de una creciente preocupación social en nuestras comunidades, atravesadas por situaciones de violencia en diversos órdenes (interpersonal, institucional, de género). En especial, en las grandes ciudades observamos el incremento de hechos delictivos de gran virulencia y complejidad que han tornado a la (in) seguridad un problema público, recurrente en las agendas mediáticas nacionales, provinciales y locales.

 

Ante esta situación, es necesario preguntarse acerca de los paradigmas actuales de seguridad y conflictividad social, los modelos policiales, las teorías explicativas sobre las diferentes formas de delito y la situación en las cárceles. Pero también, es importante ahondar en las fuertes desigualdades en la distribución del ingreso, el acceso a la vivienda, y a servicios públicos que han generado un terreno propicio para el crecimiento de las violencias y el delito.
América Latina y Argentina, en particular, están constituidas por sociedades extremadamente desiguales, en las que gran parte de su población viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, contexto en el que los mercados ilegales como el narcomenudeo han encontrado un campo propicio para desarrollarse. Estas actividades que, en general se acompañan de grandes cuotas de violencia, atraviesan procesos de transformación permanentemente, e impactan con fuerza en la vida cotidiana de toda la ciudadanía, generando incertidumbre, miedo y perdida de vínculos sociales. En las grandes ciudades, han formado anclajes territoriales para poder operar, pero su influencia y desarrollo se extiende a todo el territorio, aún superando las fronteras locales y provinciales.

 

Hoy, podemos decir que este tipo de actividades ilícitas se han acrecentado y complejizado, extendiéndose territorialmente y sumando en su accionar a profesionales independientes para el lavado de activos, cooptando instituciones como la policía y la justicia y con responsabilidades de los diversos poderes del Estado que, no han podido prevenir ni abordar de manera inteligente estas situaciones. En efecto, los mercados legales, los mercados informales y las economías ilegales no son mundos paralelos, sino dimensiones de un mismo problema.

 
La legislación en materia penal y el accionar de la Justicia y las fuerzas federales y provinciales necesitan repensarse a la luz del accionar de bandas delictivas con gran poder económico y de influencias, cuyas cabezas más importantes, aún encarceladas, continúan operando, ordenando la mayoría de las balaceras y ejecutando otros delitos como contratación de sicarios y "soldaditos", compra de armas, vehículos y nuevos equipos de comunicación, comercialización de estupefacientes, extorsiones, amenazas, balaceras, usurpaciones, homicidios y robos. Mención aparte merecen las unidades penitenciarias paralizadas e inmersas en un sistema penitenciario vetusto, incapaz de controlar y garantizar el orden interno y brindar un horizonte de futuro para las personas que se encuentran alojadas.

Todo ello, junto a otros temas requieren la construcción de fuertes consensos institucionales y redes de cooperación que permitan profundizar y rever roles, conocimientos y funciones de los distintos actores, valorando perspectivas y enfoques para un mejor entendimiento de la naturaleza del fenómeno. Por lo tanto, a través de este eje nos queremos preguntar: ¿Cómo comprendemos a las violencias? ¿Cómo abordar los delitos complejos? ¿Puede la política afrontar el problema de la inseguridad desde otra perspectiva? ¿Debemos pensar en una reforma del sistema judicial para lograrlo? ¿Qué tipo de fuerzas de seguridad necesitamos? ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Cuál es el rol del Servicio Penitenciario en la Sociedad?

Para avanzar en reflexiones que den cuenta de la complejidad del problema es necesario asumir que las fuerzas políticas progresistas deben tomar como parte constitutiva de sus agendas la gestión de la seguridad desde un enfoque inclaudicable de derechos humanos.